El internamiento involuntario es tortura.
Cada vez que una persona es subida a la fuerza a una camioneta, encerrada en un cuarto sin ventanas y “tratada” contra su voluntad, no está recibiendo ayuda. Está siendo sometida a una forma de violencia que organismos internacionales de derechos humanos llevan más de una década documentando y nombrando por lo que es: tortura.
Movimientos como la Patrulla Espiritual normalizan la idea de que privar a alguien de su libertad por la fuerza es un acto de cuidado, sin supervisión médica, sin control judicial y sin garantías mínimas de derechos humanos.
Solo 7.3%
de las personas con dependencia al alcohol y drogas logra atención con un profesional de la salud.
Existen centros sin expedientes completos, señalados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura por operar sin personal especializado ni atención médica o psicológica.
Cuando un movimiento así recibe recursos públicos y respaldo masivo, no solo pone en riesgo a quienes internan: presiona a legisladores y autoridades para que se acepte como norma lo que la propia ley mexicana —y los estándares internacionales de derechos humanos— ya reconocen como una forma de tortura.
El encierro forzado no es la salida
Encuentra más información aquí:
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
