Menos militares en las calles
La militarización de la seguridad pública en México no se limita a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de combate al crimen. El problema también implica una expansión de su presencia y de sus funciones dentro de ámbitos que tradicionalmente correspondían a instituciones civiles. Esto ha modificado el equilibrio de poderes y dificulta la rendición de cuentas, la transparencia y los controles democráticos. En el caso de la lucha contra las drogas, la militarización supone riesgos relacionados con los derechos humanos. Las operaciones y estrategias de persecución pueden derivar en detenciones arbitrarias, abusos y otras violaciones, mientras que nada de eso se traduce en una reducción de la violencia o en una mayor seguridad para la población.
Entre 2006 y 2026, el presupuesto aprobado para la SEDENA creció a una tasa anual promedio de 7.9%, mientras que el de la SEMAR lo hizo al 6.5%, ambas muy por encima del crecimiento promedio del gasto federal total durante el mismo periodo (3.4%).
En 2024, México se consolidó como el país con el
segundo mayor gasto militar de América Latina y el Caribe
únicamente por detrás de Brasil. A nivel mundial ocupa la posición 22.
La organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) —de quienes se desprenden los datos anteriores— afirma que “el empoderamiento económico de las fuerzas armadas responde a una lógica de acumulación y permanencia” y a “un nuevo paradigma de gobernanza en el que las fuerzas armadas son actores estructurales en la vida civil, económica e institucional del Estado mexicano”.
Las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones a derechos cometidos por el Ejército y la Guardia Nacional entre enero de 2019 y diciembre de 2022 ascienden a 3,136. Incluyen quejas por ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos y detenciones arbitrarias.
Entre diciembre de 2018 y enero de 2025 se realizaron
29,110 aseguramientos
(operativos de seguridad que el Ejército o la Marina efectúan para intervenir y confiscar drogas) en todo el país. Un promedio de 399 aseguramientos por mes y 13 por día.
Según datos obtenidos por Elementa DDHH, en la mayoría de aseguramientos ocurren por cantidades “extremadamente bajas”. Un ejemplo es Baja California, donde el 75% de los casos relacionados con metanfetamina se trata de menos de 540 gramos y el 75% de casos relacionados con marihuana es de menos de 2 kilos.
